Esta norma, en la que se mencionan títulos tan populares como Mortal Kombat, Resident Evil, Turok, House of the Dead, Shadowman, Quake, Killer Instinct, Doom, Legacy of Kain, Painkiller, Half live y Perfect Dark, entraría en vigor el próximo mes de junio. Es decir, que las empresas distribuidoras tendrían seis meses para retirar los videojuegos violentos de este mercado.
La propuesta consiste es que aquellos que violen la ley por primera vez sean multados hasta con 1.000 dólares, los reincidentes se enfrentarán a 5.000 dólares y hasta 3 meses de cárcel. Los juegos sujetos a tales restricciones serían aquellos que incluyan amputaciones, asesinato de seres humanos con armas letales o mediante combates con las manos, violaciones, robo de automóviles, asaltos u otras acciones violentas.
Como siempre olvidan que la mayor parte de los videojuegos no están dirigidos a los niños, sino a adultos de pelo en pecho (el consumidor habitual de juegos violentos tiene más de 20 años), y que los distribuidores están obligados a indicar en la caja la edad recomendada para consumir cada producto. Con lo que con un poco de vigilancia e interés por parte de los padres ya habría suficiente salvaguarda de la infancia.
En España también funciona la autorregulación. El Senado instó a esa solución en 1999, y el pasado mes de diciembre prácticamente todos los implicados en el sector se unieron mejorando ADESE (Asociación de Desarrolladores y Editores de Software de Entretenimiento) y suscribiendo un código ético más que correcto.
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